El Tribunal Constitucional portugués asestó el jueves un nuevo revés a los esfuerzos de austeridad del Gobierno, que cumple lo requerido por el rescate de la UE y el FMI, al rechazar una ley que habría permitido en la práctica que el Estado despidiera a funcionarios tras un periodo de recualificación.
El impacto directo de la ley sobre el presupuesto de 2014 es relativamente bajo, pero se considera importante por su efecto potencial en los recortes de gasto.
El rechazo también envía una señal de alarma a los inversores ya que otras medidas de austeridad previstas podrían ser rechazadas, poniendo en peligro los objetivos del rescate.
