La ministra de Asuntos Penitenciarios de Venezuela, Iris Valera, anunció hoy que ha decidido no informar de estadísticas sobre el violento y conflictivo sistema carcelario del país, aunque sostuvo que no trata de ocultar la realidad.
"No se trata de ocultar las cosas por ocultarlas", dijo, y censuró que organizaciones no gubernamentales (ONG) denuncien "masacres" y supuestas acciones represivas solo para atacar al presidente del país, Hugo Chávez.
La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), una de las instancias no gubernamentales que permanentemente denuncia las condiciones carcelarias del país, aseguró que el año pasado se registraron al menos 560 muertos y 1.457 heridos en las cárceles.
Según el director del OVP, Humberto Prado, tales cifras sitúan a Venezuela "como el país más violento del mundo".
La ministra Iris Valera dijo en una rueda de prensa televisada que las ONG que denuncian "masacres" en las cárceles "tienen su corazoncito hacia la derecha" y ello influye cuando dan cuenta de la situación penitenciaria nacional.
También dijo ser contraria a las visitas conyugales íntimas si estas incluyen "la pernocta" en el centro penitenciario, práctica que dijo ha prohibido en al menos cinco prisiones del país.
Paralelamente, anunció que próximamente anunciará un plan de rehabilitación con las madres de los presos para reducir los niveles de violencia en las prisiones.
"Yo le he puesto el corazón a este plan de pacificación de los recintos penitenciarios", dijo.
El presidente del país, que se trata de un cáncer en Cuba, siguió la rueda de prensa desde la isla y escribió en la red social Twiter: "Quiero felicitar a mi querida ministra Iris y a todo su equipo del Ministerio! Sigamos adelante, haciendo Justicia! Pa'lante Iris!".
El pasado 20 de enero, la ministra dijo que el 60 % de la población reclusa se encuentra en prisión en espera de juicio, pese a que la ley establece que no pueden transcurrir más de dos años desde la detención de un acusado y la sentencia.
Para entonces la población nacional de presos era de alrededor de 45.000 personas en los 35 penales del país.
Sin sentencia, los presos no pueden pedir rebajas ni otros derechos que pueden ir hasta la libertad vigilada, añadió, y apuntó que por ello, entre otras causas, se desencadenan periódicamente violentas protestas de reclusos y de sus familiares.
