El juicio por la presunta privatización irregular de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios del Ayuntamiento de Madrid a manos de Funespaña, conocido como caso Funeraria, quedó hoy visto para sentencia con las proclamas de inocencia de los ex concejales populares Luis María Huete, Simón Viñals y Antonio Moreno, quienes se enfrentan a una petición fiscal de cuatro años y diez meses por delitos de maquinaciones, prevaricación y malversación. Durante seis meses, la Sección Cuarta ha escuchado los testimonios de los nueve procesados que supuestamente intervinieron en el que fue el mayor escándalo del mandato del ex alcalde de Madrid, Alvarez del Manzano. El caso se remonta al pleno municipal celebrado el 22 de diciembre de 1992 que aprobó la venta del 49% de las acciones de la funeraria municipal a Funespaña, que la adquirió por 0,60 euros. La Fiscalía de Madrid solicita penas de entre 8 meses y 17 años y medio para los encausados, entre los que también figura José Ignacio Rodrigo, que es asesor jurídico del Consistorio y que fue presidente de Funespaña hasta el pasado mes de julio.
