El Congreso de los Diputados debatirá el martes una propuesta de CIU con la que pretende "evitar la prórroga tácita del mandato" de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) más allá de los seis meses, para atajar situaciones de bloqueo en el alto tribunal como sucede en la actualidad.
El debate para la reforma de la Ley Orgánica del TC que propone CiU, se producirá una semana después de que tres miembros de este tribunal -su vicepresidente Eugeni Gay y los magistrados Javier Delgado y Elisa Pérez Vera- dimitieran del cargo en el que están en funciones desde noviembre de 2010.
La renuncia, no obstante, no fue aceptada por su presidente, Pascual Sala, que en el decreto en el que se opuso a su marcha explicaba que adoptaba esta decisión, "sin perjuicio de hacer nuevamente presente, en este caso al Congreso de los Diputados, la necesidad de observancia de los plazos de renovación constitucional y legalmente establecidos".
Según la reforma propuesta por los nacionalistas catalanes, con la fijación de un límite temporal a dicho mandato se evitarían situaciones de crisis como la que en la actualidad sufre el Tribunal Constitucional, que además de estar a la espera de renovar a estos tres magistrados tiene aún pendiente cubrir la vacante dejada por Roberto García Calvo, fallecido en mayo de 2008.
CiU recuerda en su proposición de ley que la Constitución prevé la designación de los miembros del Tribunal Constitucional por un periodo de nueve años "para evitar, al menos formalmente, una vinculación inmediata entre la mayoría parlamentaria y la composición" del alto tribunal.
Dado que en la práctica, "las mismas mayorías cualificadas que deberían garantizar un amplio compromiso parlamentario pueden llegar a bloquear la renovación", CIU pretende con esta modificación "evitar la prórroga tácita del mandato" de los magistrados cuando "persista el desacuerdo político".
Profunda crisis de funcionamiento
La situación de bloqueo actual ha derivado, a juicio del grupo parlamentario catalán, en "una profunda crisis de funcionamiento" del Tribunal Constitucional que "está afectando muy gravemente a su credibilidad".
Por ello, su principal propuesta es limitar a un periodo máximo de seis meses el tiempo que los miembros del TC pueden permanecer en funciones y que, transcurrido ese plazo, los magistrados pendientes de renovación no puedan adoptar acuerdos en el pleno o en las salas de las que formen parte.
Otra de las modificaciones que plantea CiU es una nueva redacción del artículo 34 en el que figure que el TC cuenta con un plazo de seis meses para resolver los recursos de inconstitucionalidad contra las reformas de Estatutos de Autonomía, y, de no dictar sentencia en ese plazo, se entendería por desestimado.
