La Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF) ha presentado ante el Tribunal Supremo una demanda contra el real decreto 1565/2010 de noviembre del año pasado en la que se cifra en más de 2.000 millones de euros el impacto asociado al recorte a 25 años en el periodo de percepción de primas incluido en la normativa, al que el sector considera "retroactivo".
Según un informe de la consultora Eclareon acerca del impacto del decreto sobre las instalaciones fotovoltaicas, al que ha tenido acceso Europa Press, el recorte de primas afecta a 3.260 megavatios (MW) y tiene un valor de 2.006 millones de euros.
En concreto, el real decreto incluye por un lado un descenso del 45% de las primas para instalaciones de suelo, del 25% para las de tejado y del 5% para las de tejado pequeño, y por otro una reducción a 25 años en el periodo con derecho a retribución. El impacto de este segundo aspecto es el que analiza Eclareon.