Los técnicos de Hacienda calculan que el empleo sumergido mueve unos 82.500 millones de euros, lo que supone casi un 8% del PIB anual, y aseguran que la implantación de las medidas adecuadas permitirían recaudar cada año más de 13.000 millones adicionales procedentes de la Seguridad Social.
Ante la inminencia de la aprobación del Real Decreto Ley para el afloramiento y control del empleo sumergido, el colectivo recalca que los mercados laborales que esconden más empleo irregular son Cataluña (28.937 millones de euros), Madrid (12.351 millones), Andalucía (11.549 millones), Comunidad Valenciana (8.347 millones), Galicia (4.702 millones) y Castilla y León (4.612 millones).
Por otro lado, Gestha señala que otra muestra del alcance del empleo no declarado en el conjunto de la economía sumergida en España es el elevado número de irregularidades descubiertas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), que en 1,2 millones de actuaciones realizadas en 2010 registraron casi 100.000 infracciones en acta.
