Izquierda Unida ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados con la que pretende instar al Gobierno a "abaratar" el servicio público que prestan a los ciudadanos los registros de la propiedad y mercantiles, de forma que sean gratuitos en algunos supuestos, así como a regular el sistema retributivo de los registradores y lanzar una serie de investigaciones sobre "distintas irregularidades".
La iniciativa reclama que se revisen, actualicen y ajusten los aranceles que perciben los registros "a fin de adaptarse a lo que marca la Ley de Tasas y Precios Públicos", que impone el "principio de no lucratividad de los aranceles de los funcionarios públicos".
El objetivo es que exista una "exacta equivalencia" entre los ingresos percibidos por tales aranceles y los gastos de conservación y mantenimiento de las infraestructuras, los costes de personal y la retribución del titular registrador.
