El Gobierno de Argentina reforzó hoy el rol del Estado como accionista en 42 grandes compañías, en cuyos directorios promete ejercer mayor control y hacer pesar su opinión en la toma de decisiones y en la distribución de beneficios, una decisión que pide revisar la mayor patronal del país.
En forma sorpresiva, la presidenta argentina, Cristina Fernández, anuló hoy por decreto una norma que fijaba un límite del cinco por ciento en la representación del ente estatal de administración de las jubilaciones en los directorios de las empresas, independientemente del nivel de su participación accionarial.
"La representación del Estado en empresas privadas que tienen oferta pública es lo más justo, y significa defender los derechos de trabajadores y jubilados", argumentó el titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Diego Bossio.
