La Comisión Europea ja abierto una investigación formal para averiguar si Rumanía vendió el fabricante público de coches Automobile Craiova al grupo estadounidense Ford por debajo de su precio real de mercado, lo que constituiría una ayuda pública ilegal. Bruselas exigió además a Bucarest que suspenda la concesión de cualquier nueva subvención hasta que no se resuelva este caso. El Ejecutivo comunitario cree que las condiciones impuestas por las autoridades rumanas para la privatización de la empresa, especialmente la garantía de un umbral mínimo de producción de 200.000 coches el cuarto año después de la venta, la continuidad de la actividad en curso durante cuatro años, y el mantenimiento de los puestos de trabajo, provocó que el precio de venta fuera inferior al de mercado.
