El juez federal asesinado el sábado en Tucson (Arizona), John M. Roll, fue amenazado de muerte en 2009 tras dictaminar que una demanda 32 millones dólares (24,8 millones de euros) presentada por varios inmigrantes ilegales en contra de un ranchero de Arizona podía seguir el trámite judicial.
Durante una tarde, Roll llegó a recibir más de 200 llamadas telefónicas en las que las personas al otro lado de la línea amenazaron al juez y su familia. Asimismo, estas personas colgaron datos personales sobre Roll en Internet.
En una entrevista con el diario 'The Arizona Republic' a mediados de 2009, Roll dijo que tanto él como su mujer estuvieron bajo protección policial desde hacía un mes. "Fue enervante e invasivo, pero así debía ser", agregó Roll. A finales de ese mes, Roll aseguró que cuatro hombres habían sido identificados como los responsables de las amenazas.