Las legislaturas estatales irán marcando durante este año las pautas de las diferentes leyes migratorias con la intención de estrechar el cerco a los inmigrantes indocumentados.
En una rara excepción a la corriente anti-inmigrante, el gobernador demócrata de Maryland, Martin O'Malley, ha apoyado una iniciativa que facilita el acceso universitario a estudiantes indocumentados.
La iniciativa de O'Malley apunta a ser algo excepcional porque la tendencia en todo el país es bien distinta.
Randy Terrill, un legislador estatal republicano de Oklahoma, dijo recientemente que las carencias del Gobierno federal para la seguridad fronteriza han hecho que los gobiernos estatales "llenen ese vacío" y hagan lo propio para combatir a los indocumentados.
En los comicios legislativos del pasado 2 de noviembre, los republicanos se alzaron con más de 690 escaños en las legislaturas estatales, su mejor récord en más de 80 años, lo que les da alas para impulsar medidas de corte conservador.
El presidente Barack Obama ha prometido continuar luchando por la reforma migratoria, en particular el "Dream Act" para la legalización de estudiantes indocumentados que completen al menos dos años de universidad o se inscriban en las Fuerzas Armadas. Esa iniciativa fue bloqueada en el Senado.
Por otra parte, algunos estados van camino de convertirse en un verdadero campo de batalla contra la inmigración ilegal, impulsando medidas similares a la SB1070 en Arizona, que criminaliza la presencia de indocumentados en el estado.
Aunque parte de la ley ha sido frenada en los tribunales, la SB1070 ha servido de modelo para estados como Georgia, Misisipi, Nebraska, Oklahoma, Pensilvania y Carolina del Sur.
Al menos cinco estados preparan un esfuerzo concertado para eliminar la ciudadanía automática para niños nacidos en EE.UU. de padres indocumentados, un derecho consagrado en la 14 enmienda de la Constitución estadounidense.
Como en otros años, la idea de castigar a estos niños encuentra eco entre los conservadores pero, debido al complicado proceso para enmendar la Constitución estadounidense, no pasa de ser retórica.
En Maryland, tras el fracaso del "Dream Act", el senador estatal Víctor Ramírez promueve una medida que ayudaría a los jóvenes indocumentados en las escuelas secundarias públicas del estado.
La medida, de ser aprobada, permite que las universidades estatales cobren a los indocumentados la misma matrícula que pagan los residentes del estado.
El beneficio para los indocumentados sería irrefutable: la matrícula y otras cuotas en la Universidad de Maryland totalizan 8.416 para residentes del estado, y 24.831 para los clasificados como "no residentes", que es el caso de quienes viven en Maryland pero no tienen "papeles".