El Juzgado de Instrucción número 4 de Barcelona está investigando a varios miembros de la familia Carulla, propietaria del conglomerado empresarial Agrolimen, por un presunto delito contra la Hacienda Pública por un fraude fiscal millonario, según han confirmado a Europa Press fuentes judiciales.
Esta investigación se deriva del denominado caso Pretoria y de la entrada y registro del bufete de abogados Petrus, donde se habría encontrado documentación sobre otros temas que no tenían relación con la operación urbanística de Badalona y Santa Coloma de Gramenet. En estos documentos se encontraron indicios de posibles delitos fiscales.
La Audiencia Nacional ha ido desgajando las piezas que no tenían relación con la investigación principal y las ha reenviado a los juzgados competentes, aquellos del domicilio de las personas que podrían haber cometido el delito.
