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Un juez ha obligado a la empresa Aguas de Barcelona a eximir a una familia del pago de una factura de 6.597 euros y a restablecerles el suministro, suspendido cuatro años, al considerar que el precio que la empresa "cobra en contraprestación del servicio que proporciona a los ciudadanos es ilegal".
El Magistrado Eduard Paricio ha determinado en su sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, que el coste del agua "no resultaba jurídicamente exigible" por tratarse de "un precio que ha sido tramitado como una tarifa privada", cuando "el suministro domiciliario de agua es un servicio sometido a una tasa" entendida como un "precio público".
Como resultado de esta sentencia, que todavía es recurrible por la empresa, la familia de David Molina deberá ver restablecido el suministro de agua "de forma inmediata" y recibir una indemnización por el precio del alquiler de una vivienda similar a la suya durante los más de cuatro años que han estado sin agua.
