El Gobierno suizo adoptó hoy una nueva normativa para regular el secreto bancario que niega la asistencia administrativa a los países que reclamen la transmisión de datos bancarios basando su petición en informaciones robadas.
De acuerdo a las convenciones de doble imposición revisadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el texto, que entrará en vigor en un mes y que deberá ser inmediatamente reemplazado por una ley, define las condiciones de la asistencia administrativa en materia de fraude y evasión fiscal.
De modo que, cuando un país solicite a Suiza la transmisión de datos alegando doble imposición, la Administración helvética procederá a un examen preliminar, en el que analizará si la petición respeta el principio de "buena fe", es decir, si se basa en informaciones obtenidas de forma lícita.
