El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado el recurso de Caixanova y ha confirmado la multa de 600.000 euros impuesta por la Audiencia Nacional en 2007 por infringir la Ley de prevención de blanqueo de capitales.
La infracción sobre la que se dicta sentencia consistió en la "omisión de comunicar" al Servicio Ejecutivo, por iniciativa propia, cualquier hecho en el que exista "indicio o certeza de estar relacionado" con el blanqueo de capitales y de "abstenerse de ejecutar" cualquier operación en la que se observe esta "evidencia".
A pesar de que Caixanova alegó en el recurso de casación la inexistencia de "indicios suficientes y razonables" para generar la obligación de dicha comunicación, el TS afirma que de la sentencia de la Audiencia Nacional recurrida se desprenden "elementos sólidos y razonables" para considerar que existía tal exigencia
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