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Cuatro sentencias de los dos últimos meses, la última emitida ayer, condenan por primera vez a la empresa Rocalla y subsidiariamente a Uralita, a pagar indemnizaciones por valor de más de 780.000 euros a cinco trabajadores afectados por el amianto. Ambas empresas se dedicaban a la fabricación de fibrocemento.
La abogada del Colectivo Ronda Marta Barrera explicó hoy en rueda de prensa que se trata de sentencias transcendentes, dado que demuestran la responsabilidad de la empresa Uralita y acreditan que "la empresa era consciente del peligro al que exponía a sus trabajadores y no hizo nada para que no pasase lo que ha pasado, que muchos han muerto y muchos están enfermos".
En este sentido, añadió que cuatro de los cinco trabajadores ya han muerto; uno de ellos tras el juicio y antes de la sentencia.
