El Estado español perdió alrededor de 3.100 millones de euros entre 1991 y 2001 con la toma de control Aerolíneas Argentinas a través de Iberia y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), aunque está cantidad se puede ver aumentada por la responsabilidad asumida por la sociedad pública en el proceso de venta del grupo argentino a Air Comet.
Estos datos fueron presentados por el presidente del Tribunal de Cuentas, Manuel Núñez, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados para informar de las últimas investigaciones sobre el contrato de venta de Aerolíneas Argentinas suscrito por SEPI y la sociedad controlada por el grupo Marsans propiedad del actual presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y de su socio, Gonzalo Pascual.
Así, el informe del Tribunal da una serie de cifras que califica de "mínimas" a efectos de identificar el coste real para el sector público de las actuaciones relacionadas con Aerolíneas Argentinas, habida cuenta de que, salvo lo cobrado por Iberia por la desinversión en el grupo argentino, ninguna de las demás aportaciones realizadas por la aerolínea española y SEPI "han sido recuperadas