La pugna política que impide la puesta en marcha de los contratos de la nacionalización petrolera en Bolivia se agravó ayer, cuando la Cámara de Diputados rechazó un paquete de leyes aprobado dos días antes por el Senado, de mayoría opositora. El voto de los diputados trasladó la aprobación final de los 44 contratos a una sesión conjunta de ambas cámaras, que se realizaría el próximo lunes.
El nuevo choque entre oficialismo y oposición se produjo mientras el presidente Evo Morales lanzaba una nueva advertencia sobre los perjuicios económicos que sufre Bolivia por el bloqueo legislativo a los contratos firmados en octubre pasado entre la estatal YPFB y una decena de empresas petroleras. Evo Morales dijo ayer que los cambios decididos por el Senado en la ley de enmiendas de los contratos eran un bloqueo a la nacionalización.
Morales agregó que la demora en la aplicación de los contratos "puede llevar a perder plata"porque impediría que entre en vigencia un aumento de los precios del gas natural que Bolivia exporta a Brasil, que debería aplicarse a partir del 15 de abril.
Bolivia espera además la aplicación de los contratos para que empresas como Petrobras, Repsol-YPF, Total y British Gas inicien las inversiones ya comprometidas de más de 3.500 millones de dólares en exploración y explotación de gas natural.
