Un comerciante de Vilanova i la Geltrú, Manuel Nevot, lleva por primera vez a juicio una multa de 400 euros que le impuso en 2008 la Agencia Catalana de Consum, organismo dependiente de la Generalitat, por no rotular su establecimiento en catalán.
Nevot solicita que se le anulen dos sanciones - de 400 euros por no rotular en catalán y de 400 euros más por no disponer de las hojas de reclamación-, y además pide al juez que plantee una cuestión de inconstitucionalidad de algunos preceptos tanto de la Ley de Política Lingüística como de la Ley del Estatuto del Consumidor.
En el escrito de demanda, Nevot --asesorado por Convivencia Cívica Catalana (CCC)-- se cuestiona si una ley, ya sea estatal o autonómica, puede limitar las libertades y privar a las personas de elegir la lengua que deben utilizar para relacionarse entre sí. Considera que imponer "coactivamente" el uso de una lengua "es un atropello a la libertad de expresión".
