El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la creación de un nuevo órgano judicial, que cobrará forma a través de un anteproyecto de ley que modificará la Ley de Contratos del Sector Público de 2007.
El nuevo tribunal administrativo será el encargado de dirimir, como órgano independiente, en conflictos y contenciosos relacionados con todo tipo de contratos públicos, esto es, los que la Administración saca a concurso para adjudicarlos a empresas privadas.
Se denominará Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y tendrá naturaleza administrativa. Con él, el Ejecutivo persigue adaptar la normativa española a las directivas europeas sobre la materia, además de reforzar la "garantía de igualdad, transparencia y no discriminación en la selección de los contratistas", según remarcó la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
