El incremento temporal de la exención fiscal a las indemnizaciones a los trabajadores despedidos en Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) hasta un máximo de 45 días, ratificado ayer por el Congreso de los Diputados, beneficiará a unos 455.000 trabajadores en 2009 y supondrá una reducción de ingresos para Hacienda de alrededor de 695 millones, según los cálculos utilizados por el Gobierno y el PSOE.
Así lo explicó, la portavoz de Trabajo del PSOE en el Senado, Matilde Fernández, quien pactó con CiU que la medida, incluida en el proyecto de ley de medidas urgentes de fomento del empleo, sólo se aplique a los Expedientes aprobados entre el 7 de marzo de 2009 y el 31 de diciembre de 2010.
El Ministerio de Economía y Hacienda remitió un informe a los Grupos Socialistas de Congreso y Senado en el que explicaba que, de no acotarse la enmienda original incorporada por PP y CiU --con el rechazo de los socialistas-- podría elevar su coste para las arcas públicas hasta los 734 millones de euros sólo en 2009, partiendo de las previsiones que maneja el Ejecutivo de cerrar este año con 480.000 despidos por ERE.
