Las cooperativas agrarias no devolverán las ayudas al gasóleo concedidas por el Gobierno en el año 2000 al defender que están acogidas a la regla de mínimis, contraviniendo así la decisión de la Comisión Europea que exigió al Ejecutivo español la recuperación de dichas ventajas fiscales al considerarlas ilegales.
Según informó Cooperativas Agroalimentarias en un comunicado, dicha decisión no es aplicable en España hasta que el Estado modifique la legislación vigente, razón por la que instó al Gobierno a recurrir la decisión europea. En virtud del artículo 129.2 de la Constitución Española, el Gobierno eliminó el tope del 50% que impedía a las cooperativas vender más de la mitad de su gasóleo profesional agrícola (gasóleo B) a productores terceros y mantener las ventajas fiscales.
El plan de ayudas fue aprobado inicialmente por Bruselas al considerar que cumplía las normas europeas y que las cooperativas impulsan el desarrollo económico de las regiones en donde están implantadas y favorecen la actividad agrícola. Sin embargo, el Tribunal de la Unión Europea (TUE) tumbó esta decisión ayer.
