Las "descargas" ilegales de Internet han provocado en 2009 una gran tormenta cultural que ha obligado al Gobierno de Rodríguez Zapatero a "mojarse", al verse atrapado entre las peticiones sancionadoras de los creadores y la creciente demanda de los internautas de acceso libre y gratuito a la Red.
Aunque la protección a la propiedad intelectual es un reto pendiente en todo el mundo que los distintos gobiernos tratan de atajar con medidas legislativas, en España este debate se recrudeció en las últimas semanas del año.
El momento de mayor tensión llegó con el anuncio de la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, de que no un órgano judicial, sino administrativo -la Comisión de Propiedad Industrial- podría proceder al cierre de las páginas web que no respeten la propiedad intelectual.
