La Comisión Europea ha endurecido sus exigencias sobre los contratos públicos, al recortar las cantidades máximas de contratación en virtud de las cuales una adjudicación está exenta de cumplir las normas comunitarias.
La modificación a la baja de estos umbrales, que limitará la libertad de las administraciones a la hora de adjudicar "a dedo", afectará a los contratos públicos relacionados con el suministro de agua, energía, transportes, servicios postales, obras, seguridad y defensa.
En los contratos de suministros y servicios para los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales; el valor mínimo de los contratos sujetos a la norma comunitaria pasará desde los 412.000 hasta los 387.000 euros, mientras que para los contratos de obras relacionadas con estas áreas el mismo se verá recortado desde los 5,1 millones de euros hasta los 4,8 millones.
Para el resto de los contratos públicos de suministro y servicios, la directiva se aplicará para contratos superiores a los 125.000 euros, dependiendo de la tipología (frente a los 133.000 fijados antes de la modificación).
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