La jueza del juzgado 51 de Primera Instancia de Madrid ha admitido a trámite el recurso presentado por el Ayuntamiento de Barcelona respecto al asunto de la aplicación de la Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid en el reparto de los consejeros cedidos por la Casa Real en Caja Madrid, pero rechaza la petición de elevar una cuestión de inconstitucionalidad de dicha norma.
La jueza Almudena Maricalva, sobre la que ha recaído por reparto la demanda del Ayuntamiento de Barcelona, toma medidas diferentes a las que de su colega del juzgado 60 que conoce la demanda presentada por el Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Vacas, que mantiene suspendido el proceso electoral en la entidad.
Según el auto, la jueza especifica que la parte demandada es la comisión de control de Caja Madrid -- responsable del reparto realizado el pasado 2 de octubre de los 64 consejeros del Patronato Real--, pero no la entidad en sí como ha hecho Vacas, lo que ha generado también problemas internos entre la dirección de la entidad y la comisión, al plantearse a quién corresponde la representación de las alegaciones en el proceso judicial.
