Nuclenor, titular de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), ha presentado alegaciones ante el Ministerio de Industria en las que advierte de que no se dan "las circunstancias excepcionales de interés nacional que justifiquen el cierre de la planta" y que, en caso de tomarse una decisión que se aparte del informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), favorable a renovar la licencia de explotación por diez años, el Estado tendrá que indemnizarla por daños y perjuicios.
Así consta en las alegaciones presentadas esta semana ante Industria al informe adicional emitido por el CSN, tras la petición de este departamento, y en el que se analizan las condiciones para renovar durante dos, cuatro o seis años, según informaron fuentes del sector.
Nuclenor expone que el procedimiento administrativo de renovación de las autorizaciones de explotación de las centrales nucleares en España es un procedimiento reglado, en el que el Ministerio de Industria "carece de potestad para apartarse de las condiciones -no sólo de las relativas a la seguridad de la instalación sino también de las referentes al plazo y posibilidad de ulteriores renovaciones- establecidas en el informe preceptivo del CSN".
