El Congreso guatemalteco aprobó ayer la nueva Ley sobre el Control de Armas y Municiones, tras ocho años de debates y varios intentos fallidos, y aunque se endureció la normativa en varios aspectos, no se retiró el privilegio para los diputados y otros funcionarios que pueden portar armamento y adquirir munición sin restricciones debido al cargo que ocupan.
Las autoridades consideran esta ley esencial para reducir los altos índices de violencia en Guatemala, y así lo hicieron ver los más de cien parlamentarios que la respaldaron.
La norma reduce de cuatro a una el número de permisos por ciudadano, lo que rebaja de 12 a tres la cantidad de armas que puede adquirir un guatemalteco, según informaciones de los medios locales recogidas por Europa Press. Además, establece como requisitos para obtener la licencia, carecer de antecedentes penales y presentar certificados de salud psicológica, ingresos y empleo.
