El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, recurrió ante el Tribunal Constitucional (TC) la ley de cajas de la Comunidad de Madrid por considerar que supone una "flagrante vulneración" de la norma básica estatal, al proponer una conformación "radicalmente distinta" de la Asamblea de Caja Madrid.
El recurso, que de ser admitido a trámite supondrá la suspensión temporal de los artículos impugnados (12 y 28) de la Ley de medidas fiscales y administrativas de la Comunidad de Madrid, que incluye la adaptación de la normativa regional de cajas, se presentó a petición del Ejecutivo después de recibir un dictamen del Consejo de Estado.
Según el órgano consultivo del Gobierno, la ley de cajas promovida por el Ejecutivo de Esperanza Aguirre, y aprobada en la Asamblea de Madrid con el apoyo del grupo socialista, incluía una modificación "inconstitucional" de la representación de los consejeros generales de la entidad por los sectores de las corporaciones municipales y el de los impositores.
