España corre un serio riesgo de sufrir una sanción millonaria del Tribunal de las Comunidades de Luxemburgo a causa del reiterado incumplimiento por parte de la Generalitat de dos sentencias de este tribunal que le obligan a adecuar sus políticas a la legislación ambiental europea.
La Comisión Europea ha enviado a España : en este caso, una carta de emplazamieun nuevo ultimátum para proteger las avesnto - cuyo plazo de respuesta expira mañana, día 1 de febrero-,en la que reclama que se den garantías para la protección de las aves esteparias afectadas por el canal Segarra-Garrigues, que transformará radicalmente los hábitats de estas especies. El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino es partidario de que la Generalitat amplíe las zonas protegidas para las aves para evitar que los expedientes concluyan con una sanción. "La multa sería impuesta al reino de España, pero la responsabilidad corresponde a la Generalitat", señalan fuentes oficiales.
La insuficiente iniciativa del Gobierno catalán para frenar estos litigios comunitarios ha llegado a exasperar en sectores del Ministerio de Medio Ambiente, que temen las repercusiones de los incumplimientos de las dos sentencias en que está implicada la Generalitat.
