Los ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea, reunidos hoy en Milán, han debatido la propuesta de Reglamento del Consejo relativa al establecimiento de una Fiscalía Europea destinada a combatir las infracciones contra los intereses financieros de la Unión. Un estudio de impacto realizado por la Comisión Europea calcula que en los últimos tres años se ha registrado un fraude de unos 500 millones de euros en este ámbito.
El ministro de Justicia español, Alberto Ruiz-Gallardón, como ya hizo hace ahora un año o el pasado mes de marzo en Bruselas, ha manifestado su compromiso con la creación de una Fiscalía Europea, que se someta al control judicial que se establezca por cada legislación nacional no sólo en el caso de diligencias de investigación sino también para acordar archivos o conformidades. ?La Fiscalía no debe tener un trato distinto a la autoridad nacional equivalente?, señaló el ministro.
De esta forma no se alterarán las competencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque, a juicio de España, no tendría sentido implicarle en el control de las decisiones operativas de la Fiscalía. Ruiz-Gallardón señaló en este sentido que hacerlo no ayudaría a la eficacia de las investigaciones, ni añadiría salvaguarda adicional para los sospechosos en manos del órgano judicial nacional.
Durante su turno de intervención, España hizo suyas las palabras de la Comisión: ?La Fiscalía Europea constituye un órgano de la Unión cuya actuación revestirá importancia principalmente en los ordenamientos jurídicos nacionales. Por este motivo, conviene considerar a la Fiscalía Europea como autoridad nacional a efectos del control jurisdiccional de sus actuaciones de investigación e incoación de procedimientos penales. Por tanto, los órganos jurisdiccionales nacionales deben disponer del control jurisdiccional de todas las actuaciones de investigación e incoación de procedimientos penales impugnables que haya emprendido la Fiscalía Europea?.
La constitución de esta Fiscalía Europea representa un nivel superior de integración en relación a las vías hasta ahora existentes, como son el reconocimiento mutuo de resoluciones, la cooperación judicial entre Estados miembros o la armonización de infracciones y sanciones. Por ello, tanto la atribución de competencias exclusivas a la Fiscalía Europea sobre delitos financieros como las posibles competencias sobre delitos conexos a estos son especialmente complicadas, como lo son también las cuestiones que pudieran afectar a las reglas de jurisdicción nacionales (por ejemplo, todo lo relativo al inicio de investigaciones).
Frente a un modelo personalizado en un Fiscal Europeo -que nombraría el Consejo con el consentimiento del Parlamento Europeo-, propuesto por la Comisión Europea, un grupo de diez países miembros, entre los que se encuentra España, defendió en el JAI que se celebró en marzo en Bruselas una estructura central colegiada, combinada con una máxima descentralización para el ejercicio de la mayoría de las competencias operativas por los Fiscales Europeos Delegados ubicados en cada Estado miembro.
De este modo las actividades de investigación, la adopción de medidas urgentes, las transacciones y los recursos ante los tribunales nacionales recaerán de modo ordinario sobre los Fiscales Europeos Delegados. Según el modelo propuesto por la Comisión, el nivel central podría tener competencias de supervisión e incluso dar instrucciones en determinados casos a los Fiscales Europeos Delegados, así como la posibilidad de decidir sobre la jurisdicción nacional donde presentar un caso o acordar el archivo definitivo de las actuaciones.
Protección de datos
La aplicación al sector público del Reglamento General de Protección de Datos ha sido otro de los asuntos tratados en este JAI. España, uno de los Estados miembro con una normativa específica más avanzada en este ámbito, es partidaria de que el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección de datos se aplique tanto al sector privado como al sector público, sin perjuicio de que en este último se abran espacios de flexibilidad para perfilar mejor su régimen específico.
Los ministros de Justicia reunidos en Milán también han estudiado la propuesta de Reglamento para promover la libertad de circulación de ciudadanos y empresas mediante la simplificación de la aceptación de documentos públicos.