La llamada Ley antidesahucios, aprobada hace poco más de un año para paliar los efectos de la crisis en el deudor hipotecario, parece no estar dando los frutos esperados: según las últimas cifra del Consejo General del Poder Judicial, en el primer trimestre de 2014 se iniciaron 24.226 ejecuciones hipotecarias, un 13,9 por ciento más que el mismo periodo del año anterior. Este incremento interanual sigue a las reducciones observadas en todos los trimestres de 2013.
La cifra presenta importantes variaciones en función de la comunidad autónoma de que se trate. Así, el número más elevado de ejecuciones hipotecarias iniciadas se dio en Cataluña, con 5.773, lo que representa el 23,8 por ciento del total nacional. Le siguen Andalucía (19 por ciento del total), la Comunidad Valenciana (17,4 por ciento) y, a mucha distancia, Madrid (8,2 por ciento).
En cuanto a los lanzamientos practicados durante los primeros tres meses del año -es decir, la expulsión física del deudor fuera de la vivienda-, la cifra fue de 18.492, un 5 por ciento menos que en el mismo periodo de 2013. El 41,7 por ciento de ellos se derivó de ejecuciones hipotecarias, el 53,8 por ciento de la Ley de Arrendamientos y el 4,5 por ciento restante obedeció a otras causas.
El 23,1 por ciento de los lanzamientos practicados se produjo en Cataluña, el 14,7 por ciento en la Comunidad Valenciana, el 14,2 por ciento en Andalucía y el 12,8 por ciento en Madrid.
El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos.
Además, los lanzamientos afectan a distintos tipos de inmuebles, no solo a viviendas, y el hecho de que sean solicitados al servicio común no supone que éste los haya ejecutado.
Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el primer trimestre de 2014 fue de 18.412, un 0,9 por ciento menos que en el mismo periodo del año anterior. De ellos, 12.018 terminaron con cumplimiento positivo, un 8,3 por ciento más que en los tres primeros meses de 2013.
Una moratoria que sólo evita el lanzamiento
Las cifras que acaba de publicar el CGPJ coinciden con el primer año de vigencia de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios. La norma pretendía paliar algunos de los efectos de la crisis inmobiliaria a través de medidas como la moratoria de dos años en el caso de familias especialmente vulnerables.
Sin embargo, tal medida no evita el desahucio, sino que pospone durante dos años el lanzamiento, es decir, la expulsión de la familia de la vivienda que ya ha dejado de pertenecerle.
Además, la norma ha sido duramente criticada por instituciones nacionales e internacionales -la última, la organización Human Rights Watch- por contemplar un espectro muy reducido de casos de especial vulnerabilidad, lo que provoca que la protección extra que otorga la ley se aplique en muy contados casos.
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