El Ministerio de Justicia ha retomado las negociaciones con el colectivo de registradores de la propiedad para entregarles la gestión del Registro Civil, después de que quedaran interrumpidas el pasado 12 de marzo, como consecuencia de las diferencias sobre el cobro de aranceles.
Así, lo denunciaba ayer en una nota el sindicato CSI-F para justificar la nueva convocatoria de movilizaciones de los 3.000 funcionarios del Registro Civil en toda España. Para CSI-F, la única alternativa pasa por una gestión pública del registro, servido por funcionarios especializados.
Justicia no ha dado por cerradas las negociaciones con el Colegio de Registradores y éstas se han mantenido activas.