La Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) fija en una resolución que el registrador de la propiedad no puede practicar una anotación preventiva de embargo, aunque ésta venga ordenada por mandamiento judicial, cuando la vivienda conste como propiedad del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), y no a nombre del embargado.
El texto de la resolución, de 16 de enero de 2013 (BOE de 18 de febrero) resuelve así un caso en que no constaba inscrito ningún derecho de propiedad por parte del sujeto objeto del embargo, y sí a favor de Ivima. El Juzgado de Primera Instancia número 89 de Madrid a instancia de una comunidad de propietarios dictó un decreto despachando ejecución contra los bienes propiedad del demandado, y declarando embargados, entre otros, los "derechos de propiedad que ostenta el demandado en vivienda del Ivima". Sin embargo, el registrador se negó a la inscripción del embargo preventivo por entender que el artículo 20 de la Ley Hipotecaria es claro al determinar que "en el caso de resultar inscrito derecho a favor de persona distinta de la que otorgue la transmisión o gravamen, los registradores denegarán la inscripción solicitada".
La entidad recurrente alegó en su recurso que al titular registral de la finca (Ivima) le constaba haber sido demandado, habiéndosele también notificado las distintas actuaciones llevadas a cabo en sede judicial sin oposición por su parte, cumpliéndose en consecuencia con el principio de tracto sucesivo. Sin embargo, la Dirección asegura que lo que se declara embargado y cuya anotación se pretende no es la finca como propiedad del Ivima -embargo "cuya anotación no revestiría mayor inconveniente"- sino los derechos de propiedad que ostenta el demandado en la vivienda Ivima. Al no constar inscritos esos derechos, "no podrán ser registralmente trabados en tanto no se inscriba el título adquisitivo del titular".
