El abogado en ejercicio, José Luis Alabarce, ha presentado una querella criminal por prevaricación, escuchas ilegales y violación del secreto de las comunicaciones contra la magistrada Iris Valero, Titular del juzgado nº1 de Torrevieja. Dichas escuchas supondrían un grave atentado contra varios derechos fundamentales como el derecho a no declarar, al secreto profesional y el derecho a la intimidad propia y de sus clientes, así como el derecho de defensa de sus clientes. Además, el abogado ha presentado una queja ante el Consejo general del Poder Judicial (CGPJ) pidiendo la inhabilitación de la magistrada.
Según la querella presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, se intervinieron dos líneas telefónicas del letrado querellante por indicación de la magistrada y se prorrogaron las escuchas desde noviembre de 2009 a febrero de 2010, durante cuyo tiempo, se escucharon, grabaron y trascribieron la totalidad de las conversaciones del abogado tanto con su cliente (el caso se refiere a un imputado por un presunto delito de tráfico de drogas), como con personas ajenas a la investigación, como compañeros y familiares.
La parte querellante asegura que, en el transcurso de sus actuaciones, la magistrada vulneró de manera consciente derechos fundamentales del ciudadano. Además, se acusa a la magistrada de un delito de prevaricación que incide en la vulneración del derechos sobre los que se sustentan los valores del Estado.
En la querella, se acusa a la magistrada de un "desprecio a la intimidad" dada la activación "consciente y voluntaria" de la intervención. La jueza supuestamente aprobó a instancias del equipo de delincuencia Organizada Antidroga (EDOA) de la Guardia civil a través de sendos oficios la intervención de dos líneas de teléfono, con la única finalidad "según las propias resoluciones- de conocer los terminales telefónicos utilizados por quien los oficios policiales decían era su cliente y principal sospechoso en una investigación, que habitualmente se comunicaba con su letrado y ahora querellante. Todo ello, según el letrado, con temerario desprecio al secreto profesional, al derecho de defensa, al derecho a la intimidad, etc
El documento además delata la falta de rigor en la administración del juzgado en cuestiones como fundamentos jurídicos a la hora de aprobar medidas tan sensibles como la citada intervención de las líneas, retrasos en la resolución de cuestiones relativas a medidas cautelares respecto de algunas partes, incluso la incorporación a los autos "con multitud de partes implicadas" de los Cds con sus conversaciones profesionales y personales además de las trascripciones, todo ello a pesar de que la única finalidad de las intervenciones acordadasrespecto del mismo, lo era para conocer los teléfonos utilizados por su cliente y principal investigado.
En el documento se incide en el deterioro del sistema jurídico con este tipo de prácticas en el ámbito de la justicia española. La querella califica que han sido utilizados caminos y medios proscritos por la ley como la injerencia sin fundamentar y de una forma desproporcionada en la vida, intimidad y profesión de las personas.
