Los menores de edad se ha convertido en los nuevos protagonistas de los procesos de migración, por lo que se ven sometidos a un doble proceso de exclusión social: uno por verse obligado a emigrar, y otro por las deficiencias en los mecanismos de acogida, de cara a permitir el desarrollo de sus nuevas vidas.
Así lo declaró hoy la vocal portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, en un conferencia ofrecida en el Aula de Abril de la Caja de Ahorros del Mediterráneo en Murcia. Bravo criticó que la obligación de emigrar en que se ven envueltos muchos menores convierte en papel mojado los derechos que tiene reconocidos en los textos internacionales.
Denunció, además, la situación que los menores sufren al llegar a los países desarrollados, en los que buscan una nueva vida, más digna, ante las deficiencias de los mecanismos de acogida.
En el caso español, la portavoz del CGPJ destacó algunas carencias: no hay un registro unificado de menores inmigrantes, no se han elaborado estudios que permitan conocer sus características sociológicas, sus necesidades asistenciales y los medios y recursos que precisan para integrarse, no ha existido una planificación del sistema de protección ni un diseño del modelo de intervención con menores inmigrantes, y existen grandes diferencias en la actuación desarrollada por las distintas comunidades en relación a los procesos migratorios de menores
?Los menores en muchas ocasiones son tratados como inmigrantes irregulares y no como menores en desamparo?, destacó la portavoz Bravo, que recalcó que eso significa que se trata el fenómeno únicamente en términos de gestión ordenada de los flujos migratorios, desde un prisma de seguridad y de lucha contra la inmigración clandestina, y no según lo que dispone la ley.
?Creo que es imprescindible empezar reconociendo que los menores que emigran a nuestro país han de ser considerados, antes que nada, como personas vulnerables, sujetos de derechos y por tanto como menores desamparados necesitados de protección?, concluyó.
