Éste es uno de los principales resultados de la encuesta realizada por la editorial jurídica LA LEY, perteneciente al grupo Wolters Kluwer, a más de 330 profesionales del Derecho con ocasión de la reciente celebración en Madrid de la Jornada sobre la incidencia de la crisis en la Administración de Justicia, convocada conjuntamente por LA LEY y la Asociación Judicial Concepción Arenal.
Durante la jornada se analizó el Anteproyecto de Ley de Medidas de agilización procesal aprobado este mes por el Gobierno, y algunos jueces apuntaron entonces a la generalización de las tasas judiciales o a la ampliación presupuestaria como mejores soluciones para conseguir agilizar la Justicia y garantizar la protección de la tutela judicial efectiva del ciudadano.
Para completar las conclusiones de este encuentro, LA LEY ha pulsado ahora la opinión de los profesionales jurídicos sobre los principales problemas que causan esta lentitud en la Administración de Justicia española, y cuáles serían las mejores medidas para resolverla.
Entre los resultados de la encuesta, destaca el dato de que, según un 57 por ciento de los consultados, el principal motivo de ralentización de los procesos judiciales serían los problemas frecuentes con notificaciones, emplazamientos y citaciones a testigos. Le seguirían la mala organización de las oficinas de los juzgados y la falta de personal y excesiva rotación de éste.
En cuanto a la forma de resolver esta lentitud, la mayoría de los profesionales encuestados apostaría por un mayor número de jueces (61 por ciento) y una mejor organización del trabajo, así como un incremento de los medios técnicos, soluciones que estarían en línea con alguna de las conclusiones alcanzadas en la jornada.
De las medidas previstas por el Gobierno en el Anteproyecto de agilización procesal, los letrados consideraron que la más eficiente sería la supresión de trámites procesales como los de preparación del recurso de queja, apelación o casación (en un 67 por ciento), seguidos por los que pensaron que las decisiones más acertadas han sido la extensión del proceso monitorio, que permitirá utilizar cualquier reclamación de cantidad con independencia de su cuantía, así como obligar a las partes en procesos civiles y contencioso-administrativos de notificar los cambios de domicilio.
Para terminar, resulta significativo el dato de que el 58 por ciento de los encuestados reconozcan que las propias partes interesadas utilizan los recursos con finalidad dilatoria de modo muy frecuente o bastante frecuente.
