El Tribunal de Justicia de la UE ha dictado una sentencia este jueves 24 de marzo de 2011 en la que concluye que el Estado español no ha respetado el plazo máximo en el que adoptar las medidas necesarias para integrar por completo en su legislación nacional la Directiva de 2007 sobre la protección de los derechos de los accionistas.
Esta Directiva establece unas normas mínimas para facilitar el ejercicio de los derechos de los accionistas en las juntas generales de sociedades cotizadas, en concreto sobre los aspectos transfronterizos. La norma también pretende tener en cuenta las posibilidades ofrecidas por las tecnologías modernas para facilitar la participación de los accionistas.
Según lo dispuesto por la propia Directiva 2007/36/CE, los Estados miembros debían adoptar las disposiciones nacionales necesarias para dar cumplimiento a esta Directiva a más tardar el 3 de agosto de 2009 y comunicar inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.
