La Comisión de Seguimiento de los Dispositivos Electrónicos de Detección de Proximidad de Agresores por violencia de Género (las llamadas pulseras antimaltrato) decidió este martes ampliar su uso a los casos de condenados con sentencia judicial, pues hasta la fecha se utilizaban normalmente como medida cautelar.
Así lo afirmó ayer en el Senado la secretaria de Estado de Igualdad, Bibiana Aído, quien señaló que a 31 de enero de 2011 "en España funcionaban 558 de estas pulseras".
Por comunidades Autónomas, en Cataluña y Canarias hay 21 de estos dispositivos GPS, respectivamente; en Madrid, 232; en Andalucía 91; 56 en Valencia; 24 en Castilla-La Mancha; 20 en Asturias; 18 en Castilla y León; 15 en Cantabria, Baleares y Galicia, cada una; 14 en País Vasco; siete en Extremadura; cinco en Murcia; tres en La Rioja, y una en Navarra.
Fuentes de Igualdad explicaron a Servimedia que actualmente el 11 por ciento de los maltratadores con condena judicial ya tienen dispositivo telemático, puesto que nunca se ha negado cuando un juez lo ha requerido, aseguraron.
La novedad es que hasta la fecha se aprobaba por un procedimiento extraordinario, "y ahora se ha incluido en el Protocolo firmado entonces por los ministerios de Justicia, de Interior, de Igualdad y el CGPJ", para que su empleo en casos con sentencia judicial "sea de forma normal", aclararon.
En su comparecencia ante la Comisión de Igualdad, Aído destacó la "eficacia" de estos mecanismos, que portan víctima y agresor y que comunican a un Centro de control si la proximidad entre ambos es inferior a la distancia que marca la orden de alejamiento. El centro informa inmediatamente a la víctima y a las fuerzas de Seguridad, apuntó Aído, y destacó su efecto "tranquilizador" en las mujeres y "disuasor" "entre los agresores".
"Esta sensación de seguridad contribuye a la recuperación integral de la víctima", agregó Aído. Por eso coincidió con la senadora popular María Jesús Sáinz en la necesidad de extender su utilización, algo a lo que contribuirá su imposición como parte de las penas de agresores condenados y no sólo como medida cautelar, defendió la secretaria de Estado.
Además, Aído afirmó que "se están desarrollando jornadas de formación en distintas provincias españolas" para fomentar su conocimiento y sensiblización entre la judicatura (encargada de dictar su uso ). Según Sáinz, "el hecho de que de los 3.000 dispositivos disponibles sólo se empleen 558" demuestra una infrautilización, motivada por la falta de conocimiento de la medida entre los jueces y por la carencia de informes periciales para evaluar el riesgo por parte del juez instructor, que es quien debe determinar su utilización.
