Jueces para la Democracia (JpD) ha emitido un comunicado en el que "condena y rechaza las irresponsables declaraciones de la Alcaldesa de Valencia, Dª. Rita Barberá", pronunciadas en el día de ayer. Declaraciones que, según afirman, suponen un profundo desconocimiento de la realidad democrática de la carrera judicial y un desprecio intolerable a los principios democráticos que sustentan el Poder Judicial.
Afirma el comunicado que sería exigible de la clase política que asumiera la condena explícita de los abusos de poder que se hayan podido cometer, si es que se han cometido, y "no dirigiera sus ataques a las personas que asumen funciones judiciales, menos aún con cuestionamientos generales del Poder Judicial".
"El principio de independencia judicial es un fundamento de la democracia y un sistema de control del poder con fundamento en las raíces del constitucionalismo europeo. Someter a debate ese principio es someter a debate el propio Estado de Derecho. Cuando esas peticiones se hacen desde instancias de poder político, suenan a reclamaciones de impunidad y a quejas por lo molesto del control al que la ciudadanía les ha querido someter al aprobar el texto constitucional".
Jueces para la Democracia afirma, en este sentido, que la Judicatura sí ha pasado la transición, se ha empapado de valores constituciones y, en todas sus instancias, hace mucho tiempo que se ha convertido en un garante activo y básico del texto constitucional.
"Ante los sucesivos cuestionamientos del carácter constitucional de todo el Poder Judicial, queremos proclamar públicamente nuestro más profundo compromiso con la Constitución. Ese compromiso lo sabemos compartido por todas las personas de la carrera judicial, respetando el pluralismo interno desde esa común base constitucional. Exigimos respeto a la Constitución por los responsables políticos en sus expresiones públicas".
La actuación judicial "debe ser objeto de crítica como cualquier otro poder ejercido en un Estado democrático y como colectivo judicial, y JpD es la primera en reclamar ese control y esa crítica. Cuestionar el principio de independencia, atacar personalmente a quienes ejercen las funciones judiciales o atribuir, sin más prueba que la normal actuación de los órganos judiciales, oscuras intenciones, no es participar en un debate, sino anular el debate. Más grave aún cuando se conoce, y se aprovecha torticeramente, el deber de sigilo que obliga a los jueces sometidos a crítica por sus casos concretos a no manifestarse sobre ellos en tanto los tramitan. Exigimos que no se esconda como opinión lo que no es más que difamación y pretensión de impunidad".
