La nueva Ley sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, que entrará en vigor el próximo mes de octubre, exigirá la superación de un examen que permita obtener el título profesional, además de la realización previa de una formación teórico-práctica tutelada de un año y medio o dos años.
Una reforma que implicará retrasar la entrada al mundo laboral. "Esta Ley demorará la incorporación a la profesión de los titulados, pero les permitirá hacerlo en mejores condiciones de cualificación", señala el Presidente del Colegio de Abogados de Madrid, D. Antonio Hernández Gil.
Así, "el periodo formativo se va a desarrollar de manera conjunta entre los Colegios de Abogados y las Universidades. Los primeros aportarán la vertiente práctica impartida por abogados en ejercicio, y los segundos ofrecerán la parte más teórica con una metodología de enseñanza consolidad desde hace muchísimo tiempo", según indica D. Pedro L. Yúfera Sales, Presidente del Colegio de Abogados de Barcelona.
La implantación de este cambio responde a una necesaria reforma tras la entrada del plan de Bolonia. Hasta la fecha, España era el único país europeo que no tenía regulado este acceso, así, la obtención de el título profesional de abogado o el título profesional de procurador de los tribunales permitirá a los españoles ejercer en todo el marco europeo. La Ley de acceso sólo se aplicará a los titulados en la fecha posterior a la entrada en vigor de la Ley.
Según palabras de Dña. Esther Giménez Salinas Colomer, Rectora de la Universidad Ramón Llull, "la implantación de la Ley de Acceso con anterioridad a la adaptación al EEES ha supuesto importantes desajustes siendo necesarias una serie de mejoras. La Rectora pone de manifiesto la necesidad de una mayor coordinación y colaboración entre las universidades y los colegios de abogados. Además, añade que se debería otorgar mayor peso al Master Oficial y se tendría que rediseñar el examen final".
