España solicitó hoy al Tribunal General de la UE el levantamiento de las medidas cautelares adoptadas contra el decreto español que subvenciona la generación de electricidad con carbón autóctono, por considerar que su continuidad provocaría "el colapso" del sector hullero español.
La media de 33 meses empleada por la corte europea para pronunciar una sentencia definitiva sobre este tipo de asuntos podría ser un tiempo suficiente para acabar con la actividad minera si se mantiene la paralización del citado decreto, según defendió el abogado del Estado Juan Manuel Rodríguez Cárcamo.
Este letrado se pronunció así durante la vista celebrada hoy en la sede del Tribunal, en Luxemburgo, que servirá al juez Marc Jaeger para decidir si mantiene las medidas cautelares adoptadas el pasado otoño contra la autorización del decreto por parte de la Comisión Europea.
