El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia por la que desestima el recurso interpuesto por los sindicatos ELA-STV y CIG contra diversos aspectos del IV convenio general del sector de la construcción y avala la regulación de la formación preventiva contemplada en el mismo.
Los sindicatos recurrentes planteaban fundamentalmente la ilegalidad del sistema de acreditación de la formación preventiva que el convenio de la construcción implantó en el año 2007 a través de la denominada Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC).
ELA-STV y CIG también consideraban ilegal la reserva exclusiva a la negociación colectiva sectorial estatal de las materias relativas a dicho sistema de acreditación, a los programas formativos específicos del sector, a la Fundación Laboral de la Construcción y, en general, a la seguridad y salud laboral.
