La Fiscalía General del Estado ha dictado una instrucción en la que ordena a los miembros del Ministerio Público que cuiden "especialmente" que la privación del derecho de sufragio a las personas con discapacidad "únicamente se lleve a efecto cuando resulte necesario en atención a la situación de la persona".
El departamento dirigido por Cándido Conde-Pumpido ha tomado esta decisión en cumplimiento de lo establecido en Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Con esta instrucción, los fiscales se preparan para conseguir que cada vez más ciudadanos con discapacidad intelectual conserven su capacidad jurídica, aunque sea con apoyos, tal y como establece la Convención de la ONU.