Los ocho controladores aéreos que estaban citados a declarar esta mañana por un delito de sedición se han negado a declarar ante la Fiscalía de Madrid al no reconocerla competente para los interrogatorios y han asegurado que no lo harán hasta que el Tribunal Supremo resuelva los recursos que interpusieron contra la actual situación que les mantiene inmovilizados bajo la jurisdicción militar, informaron fuentes jurídicas.
Los recursos se interpusieron el pasado jueves por parte del sindicato USCA contra el Real Decreto aprobado el 3 de diciembre que establecía la militarización del espacio aéreo ordenada por el Ministerio de Presidencia y el dictado el 4 de diciembre que decretaba el estado de alarma con motivo del caos aéreo que se produjo en los aeropuertos españoles.
Los controladores citados hoy han mantenido la misma postura que sus compañeros de acogerse a su derecho constitucional de no declarar, al estimar que la jurisdicción ordinaria no les puede interrogar.
