El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha condenado este jueves a España por no aplicar correctamente la norma comunitaria que tiene como objetivo reducir la contaminación de las instalaciones industriales y agrarias. La sentencia da la razón a la Comisión, que había denunciado que 533 instalaciones en España siguen funcionando sin la autorización medioambiental requerida.
En su defensa, España no discutió el número de instalaciones sin autorización, sino que alegó que el objetivo de la directiva europea sólo es alcanzar un nivel elevado de protección del medio ambiente, y no un nivel máximo. Por tanto, ya que el 88,53 % de las instalaciones habían obtenido una autorización conforme, España consideraba haber cumplido con la norma.
Asimismo, recordaba que la expedición de autorizaciones a las instalaciones existentes es competencia de las comunidades autónomas, lo que había dado lugar a procedimientos administrativos de gran complejidad cuya tramitación requería un plazo bastante largo.
