La Comisión Europea ha asegurado ante la comisión de Peticiones de la Eurocámara que la nueva ley española de lucha contra la morosidad protege mejor que la normativa europea aprobada la semana pasada porque establece plazos más estrictos para el pago de las facturas por parte del sector público y las grandes compañías y contempla menos excepciones.
El Parlamento Europeo ha examinado este martes la queja presentada por José María Carrasco en nombre de 600.000 pequeñas y medianas empresas del sector de la construcción afectadas por impagos. Pese al veredicto positivo del Ejecutivo comunitario, la comisión de Peticiones ha decidido mantener abierta la denuncia contra España para verificar que la nueva norma se aplica correctamente.
España "se ha adelantado" a la UE porque su legislación antimorosidad, aprobada antes del verano, va "muchísimo más allá" de lo que exige la normativa europea en cuanto a plazos, según ha explicado la representante de la Comisión a los parlamentarios. Para las transacciones comerciales entre autoridades públicas y empresas fija un plazo de pago de 30 días, mientras que para las operaciones entre empresas el tope es de 60 días improrrogables.
