La Comisión Europea ha pedido este jueves a España que suprima, por considerarla ilegal, la tasa que ha impuesto a los operadores de telecomunicaciones para financiar Radio Televisión Española (RTVE) y compensar así la supresión de la publicidad. Se estima que esta tasa iba a generar unos ingresos de aproximadamente 230 millones de euros en 2010.
La solicitud tiene la forma de un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción. En caso de que España no modifique su legislación en el plazo de dos meses, el Ejecutivo comunitario podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. El ultimátum de Bruselas afecta también a Francia, en cuyo modelo de financiación de la televisión pública se ha inspirado el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
En ambos casos, la Comisión considera que estos "impuestos sobre las telecomunicaciones" son incompatibles con las normas de la UE. De acuerdo con estas reglas, las tasas específicas cobradas a los operadores de telecomunicaciones sólo pueden sufragar determinados costes administrativos y de reglamentación (principalmente las autorizaciones y las tareas de regulación) y deben ser objetivas, transparentes y proporcionadas. También se debe consultar oportunamente a las partes interesadas.
