El Ministerio de Fomento está estudiando recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia que exime a Air Madrid de abonar los 6,8 millones de euros que la Administración se gastó en el traslado de unos 4.000 del total de 50.000 pasajeros afectados por el cierre de la aerolínea el 15 de diciembre de 2006, según explicaron fuentes de Fomento.
Las mismas fuentes explicaron que los servicios jurídicos del Ministerio están analizando la argumentación de la sentencia y consideran que ésta no ha tenido en cuenta las dificultades que tuvo la Administración para acotar el listado de los pasajeros.
La sentencia, dictada el pasado 18 de febrero por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) concluyó que Fomento "no ha acreditado que el gasto reclamado se haya efectuado para el traslado de los pasajeros a los que se refiere la resolución de la DGAC de 15 de diciembre de 2006 en los términos que en la misma quedaba delimitado".
