El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha dado un paso inédito hasta ahora en la región para hacer cumplir la veintena de sentencias de derribo que ha dictado en los últimos años: encargar directamente a una empresa pública una demolición, dado que el ayuntamiento no atiende sus requerimientos.
En un auto hecho público este miércoles, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC invoca el principio de colaboración al que deben atenerse todos los poderes del Estado para encargar a la empresa pública Tragsa que derribe doce chalés de la urbanización Las Llamas II, en Argoños, tras haber vencido el plazo de seis meses que había dado al Ayuntamiento para que cumpliera esa sentencia.
El TSJC ya adelanta que cobrará al Ayuntamiento el coste los trabajos necesarios para tirar esas viviendas, pertenecientes a la promoción "Santiago Martínez Isla", que fue declarada ilegal hace diez años por carecer de estudio de detalle y por estar proyectada en parte sobre suelo rústico de protección forestal.
