El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación presentado por una sociedad de transformación agraria de Aznalcázar, a la que el Consejo de Ministros le impuso una sanción de 601.012 euros en 2004 por la extracción ilegal de aguas del cauce del río Guadiamar.
El Supremo ha acordado, en una sentencia, desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Sociedad Agraria de Transformación "Guadiamar" contra un acuerdo del Consejo de Ministros del 23 de diciembre de 2004 que decretó la "obligación de indemnizar" por los daños causados por esta empresa en el dominio público hidráulico.
El alto tribunal desestima el recurso de la empresa agraria, que deberá afrontar una multa de 601.012 euros por los daños causados en el dominio público-hidráulico como consecuencia de la extracción ilegal de algo más de seis millones de metros cúbicos en sucesivas captaciones no autorizadas de aguas subterráneas.
